Memoria histórica y acceso a los archivos

El resguardo de la memoria histórica ha sido un imperativo desde las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, quienes han exigido de forma incansable verdad, justicia y reparación. El momento histórico al que asiste nuestro país, es una oportunidad también para repensar los mecanismos a través de los cuales se ha narrado el pasado reciente de Chile, y los desafíos que adquiere para la gobernanza democrática. La memoria histórica concede sentido a una comunidad, entrega marcos sociales en que se sitúa un pasado común, otorga pertenencia e identidad a quienes habitan los territorios. La CIDH señala que los Estados deben asegurar un “abordaje integral de la memoria”, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos (CIDH, 2019). Estos elementos están recogidos en la actual propuesta constitucional, el art. 24, inc. 5° señala: “Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos, en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales son objeto de especial protección y se asegura su preservación y sostenibilidad”. Aspectos que profundizan la democracia, puesto que, desde el punto de vista generacional, otorga dignidad y reconocimiento para quienes vieron conculcados sus derechos fundamentales, y -en no pocos casos- han fallecido sin saber el paradero de sus seres queridos. Asimismo, permite el trabajo hacia los Nunca Más, ahondando en las garantías de no repetición. En consecuencia, la responsabilidad pública también cabe aquí, en el valor que adquiere el libre acceso a los archivos como una forma de preservar el legado histórico del pasado reciente y afrontar la impunidad y el negacionismo. La descentralización además, implica potenciar la narración de memorias locales que apunten a la exigibilidad de derechos. En definitiva, es clave el acceso a la información, más aún, a este tipo de archivos que, desde regiones se torna urgente.

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