OPINIÓN | La ilusión del déficit superado
Durante décadas, Chile se acercó a la promesa de resolver su déficit habitacional. Tras un peak en 1996 de 764 mil requerimientos, el país logró un descenso sostenido que llegó al año 2009 con 554 mil soluciones pendientes. Parecía que la erradicación de campamentos estaba cerca. Sin embargo, este optimismo se derrumbó: para 2022 el déficit volvió a subir a más de 660 mil unidades, y hoy la demanda real afecta a más de 1,5 millones de hogares.
Este vuelco se debe a cambios demográficos. Por un lado, las familias se achicaron, exigiendo más viviendas individuales. Por otro, desde el año 2015 el flujo migratorio incide en la demanda, aunque no representa más de un 13,8% del déficit nacional. Este porcentaje se concentra en arriendos informales y campamentos, aquellos que encienden el foco mediático.
El periodo postpandemia impulsó a miles de personas a los campamentos, que en Chile aumentó de 40 mil familias en el año 2017 a más de 113 mil en el 2022. En la región de Los Lagos, comunas como Osorno vivieron un estallido de tomas, pasando de 4 campamentos en el año 2019 a 22 al día de hoy.
Recientemente se gatillan desalojos como el de calle Pilmaiquén en Osorno, y nuevos anuncios que inquietan, como también ocurre en Chaitén. Sin embargo, apelar a la fuerza es solo ocultar las fisuras bajo una superficie: no extingue la necesidad, solo la desplaza ¿dónde resurgirá nuevamente?
Volvemos majaderamente sobre la necesidad de una planificación urbana, que no parece adaptarse a la contingencia. No logra asumir las emergencias y los cambios demográficos como parte constituyente del sistema de planificación. La “emergencia” implica gestionar -con ella y no a pesar de ella- el suelo como un recurso estratégico y público. Por el contrario, el desarrollo delegado a promotores privados bajo la lógica de «vivienda asequible» no basta para garantizar la estabilidad del mercado. Esto implica asumir la necesidad de mayor regulación por parte del Estado y también, asegurar mayores recursos locales que garanticen la agilidad de una gestión pública oportuna.
Finalmente, la escala del problema exige mayor industrialización. Soluciones tradicionales para familias cada vez más diversas, es técnicamente inviable. Modelos internacionales demuestran que la prefabricación modular y el diseño flexible reducen costos y plazos de manera drástica.
De cara al ciclo 2026-2030, Chile no puede improvisar.
OPINIÓN | La ilusión del déficit superado
Durante décadas, Chile se acercó a la promesa de resolver su déficit habitacional. Tras un peak en 1996 de 764 mil requerimientos, el país logró un descenso sostenido que llegó al año 2009 con 554 mil soluciones pendientes. Parecía que la erradicación de campamentos estaba cerca. Sin embargo, este optimismo se derrumbó: para 2022 el déficit volvió a subir a más de 660 mil unidades, y hoy la demanda real afecta a más de 1,5 millones de hogares.
Este vuelco se debe a cambios demográficos. Por un lado, las familias se achicaron, exigiendo más viviendas individuales. Por otro, desde el año 2015 el flujo migratorio incide en la demanda, aunque no representa más de un 13,8% del déficit nacional. Este porcentaje se concentra en arriendos informales y campamentos, aquellos que encienden el foco mediático.
El periodo postpandemia impulsó a miles de personas a los campamentos, que en Chile aumentó de 40 mil familias en el año 2017 a más de 113 mil en el 2022. En la región de Los Lagos, comunas como Osorno vivieron un estallido de tomas, pasando de 4 campamentos en el año 2019 a 22 al día de hoy.
Recientemente se gatillan desalojos como el de calle Pilmaiquén en Osorno, y nuevos anuncios que inquietan, como también ocurre en Chaitén. Sin embargo, apelar a la fuerza es solo ocultar las fisuras bajo una superficie: no extingue la necesidad, solo la desplaza ¿dónde resurgirá nuevamente?
Volvemos majaderamente sobre la necesidad de una planificación urbana, que no parece adaptarse a la contingencia. No logra asumir las emergencias y los cambios demográficos como parte constituyente del sistema de planificación. La “emergencia” implica gestionar -con ella y no a pesar de ella- el suelo como un recurso estratégico y público. Por el contrario, el desarrollo delegado a promotores privados bajo la lógica de «vivienda asequible» no basta para garantizar la estabilidad del mercado. Esto implica asumir la necesidad de mayor regulación por parte del Estado y también, asegurar mayores recursos locales que garanticen la agilidad de una gestión pública oportuna.
Finalmente, la escala del problema exige mayor industrialización. Soluciones tradicionales para familias cada vez más diversas, es técnicamente inviable. Modelos internacionales demuestran que la prefabricación modular y el diseño flexible reducen costos y plazos de manera drástica.
De cara al ciclo 2026-2030, Chile no puede improvisar.