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Encuesta nacional revela cómo los liderazgos socioterritoriales buscan incidir en Chile

El estudio Fondecyt liderado por el académico del CEDER ULagos Dr. Gonzalo Delamaza recogió experiencias de 79 liderazgos de las 16 regiones del país. Los resultados muestran que las organizaciones socioterritoriales combinan redes autónomas, participación institucional y acción electoral para fortalecer sus demandas e incidencia pública.

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La creación de organizaciones, el uso de mecanismos de participación estatal, la articulación de redes y el apoyo a candidaturas son algunas de las estrategias que despliegan los liderazgos socioterritoriales para dar continuidad e incidencia a sus demandas. Así lo muestra la Primera Encuesta Nacional de Liderazgos Socioterritoriales, desarrollada en el marco del proyecto Fondecyt Regular N°1252192 “¿Juntos Podemos? Institucionalización de la acción colectiva contenciosa en la sociedad chilena contemporánea”.

La investigación es liderada por el académico del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos, Dr. Gonzalo Delamaza, junto a Carolina Acevedo y Natalia Miranda. El estudio caracteriza las trayectorias de institucionalización de acciones colectivas surgidas en conflictos socioterritoriales entre 2011 y 2024.

La encuesta, ejecutada por Rimisp entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, recogió la experiencia de 79 líderes y lideresas de las 16 regiones del país. En conjunto, reportaron 119 acciones colectivas y 335 esfuerzos específicos de institucionalización.

“Esta encuesta tiene como principal valor rastrear el universo de liderazgos locales: personas que no solo protagonizaron luchas territoriales y ambientales, sino que además hicieron esfuerzos por institucionalizarlas”, explica Gonzalo Delamaza. “Nuestro estudio no analiza cuáles fueron los conflictos, sino qué se hizo para que estos tuvieran un impacto”, agrega.

Organizarse para proyectar las demandas

La creación de organizaciones fue la estrategia más mencionada, con 103 registros. Sus principales objetivos fueron incrementar la visibilidad pública de las demandas, fortalecer la interlocución con autoridades y defender a las personas afectadas por los conflictos.

El estudio muestra que estas organizaciones privilegian estructuras flexibles: planes de trabajo, vocerías y articulación entre grupos ya existentes. Solo el 13,2% de los casos reportó formalización jurídica.

“La primera conclusión es que existe una gran cantidad de esfuerzos enfocados tanto en la creación de organizaciones propias como en la participación en mecanismos institucionales. No se observa una oposición entre la acción autónoma y la participación institucional, sino que ambas estrategias coexisten”, señala el Dr. Delamaza.

En visibilidad pública, el 81% de las iniciativas declaró haber cumplido sus objetivos en gran medida. En interlocución con autoridades, esa valoración alcanzó el 73%.

Uso intensivo de canales institucionales, con incidencia acotada

Los mecanismos de participación institucional registraron 100 menciones. Entre los más utilizados se encuentran las observaciones ambientales en el Sistema de Evaluación Ambiental, las mesas territoriales, la participación en concejos municipales y las audiencias ante estos organismos.

Sin embargo, la percepción de incidencia en estos espacios es moderada o baja. En una escala de 1 a 7, los fondos concursables obtuvieron una evaluación de 5,0 y los planes reguladores comunales un 4,8, mientras que las consultas convocadas por autoridades recibieron un 3,6 y los Consejos de la Sociedad Civil ministeriales un 3,7.

Para el investigador, el valor de estos mecanismos no se limita a sus resultados directos. “Aunque suelen considerarse poco eficaces y sin consecuencias vinculantes, las personas encuestadas los evalúan de forma positiva porque el proceso se concibe como un aprendizaje: otorga mayor visibilidad, permite difundir las demandas y mejora la interlocución con las instituciones”, asegura.

Redes y plataformas: la estrategia mejor evaluada

Los acuerdos y plataformas con otros actores fueron mencionados en 62 ocasiones. Las organizaciones sociales fueron las principales participantes, seguidas por ONG nacionales, comunidades indígenas, academia y ONG internacionales.

Esta estrategia obtuvo la evaluación más alta de incidencia: el 82,7% de las valoraciones se ubicó entre las notas 5 y 7. El resultado releva la importancia de las redes horizontales para la acción colectiva socioterritorial.

La encuesta también muestra un uso relevante de la vía electoral. Se registraron 90 candidaturas apoyadas, principalmente a la Convención Constitucional, concejos municipales, alcaldías, consejos regionales, gobiernos regionales y Presidencia. El momento de mayor actividad fue 2021.

“El año 2021 tuvo una intensa actividad de representación política, en las elecciones de autoridades y de la Convención Constitucional. Aunque posteriormente decayó, aún subsiste el interés local y regional por levantar o apoyar candidaturas”, afirma el Dr. Delamaza.

Una evaluación positiva del ciclo constituyente desde los territorios

El estudio identifica una participación y valoración significativamente mayor en el proceso de la Convención Constitucional que en el Consejo Constitucional de 2023. Por ejemplo, los cabildos previos a la Convención registraron 50 menciones y una evaluación promedio de 5,3; las audiencias públicas alcanzaron una nota de 5,4.

Además, en 14 de 16 menciones sobre convencionales electos en 2021, las personas encuestadas consideraron que estos mantuvieron conectada la agenda de sus organizaciones.

“En el caso específico de la Convención Constitucional, los liderazgos evaluaron positivamente el diálogo con las personas electas. Eso confirma que un sector de la ciudadanía movilizada protagonizó ese proceso desde las bases”, sostiene el académico del CEDER ULagos.

Consolidación, aprendizajes y próximos pasos

Al evaluar el conjunto de sus trayectorias, el 40,5% de las personas encuestadas considera que los esfuerzos de institucionalización han permitido consolidar y proyectar sus iniciativas. Un 25,3% estima que no se alcanzaron los resultados esperados, mientras que el 20,3% señala haber priorizado la movilización por sobre la institucionalización.

Para el equipo investigador, uno de los principales hallazgos es que el logro de estas experiencias no siempre se traduce en resolver el conflicto de fondo, sino en construir visibilidad, redes, aprendizajes y capacidades colectivas.

La siguiente etapa del proyecto contempla estudios cualitativos en Valparaíso, Chiloé y Magallanes, para profundizar en las trayectorias de organizaciones, mecanismos de participación y candidaturas. Posteriormente, se buscará abrir un diálogo con movimientos sociales y autoridades.

“Queremos generar un debate con los propios movimientos y con las autoridades, para aprender de estas trayectorias y contribuir a la construcción de una mejor institucionalidad”, concluye el Dr. Delamaza.

El documento completo con los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Liderazgos Socioterritoriales se encuentra disponible para descarga y consulta en proyectoconflictos.cl.

*Foto: U. Chile

Publicado por: Alejandro Jiménez Alvarado

Encuesta nacional revela cómo los liderazgos socioterritoriales buscan incidir en Chile

El estudio Fondecyt liderado por el académico del CEDER ULagos Dr. Gonzalo Delamaza recogió experiencias de 79 liderazgos de las 16 regiones del país. Los resultados muestran que las organizaciones socioterritoriales combinan redes autónomas, participación institucional y acción electoral para fortalecer sus demandas e incidencia pública.

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La creación de organizaciones, el uso de mecanismos de participación estatal, la articulación de redes y el apoyo a candidaturas son algunas de las estrategias que despliegan los liderazgos socioterritoriales para dar continuidad e incidencia a sus demandas. Así lo muestra la Primera Encuesta Nacional de Liderazgos Socioterritoriales, desarrollada en el marco del proyecto Fondecyt Regular N°1252192 “¿Juntos Podemos? Institucionalización de la acción colectiva contenciosa en la sociedad chilena contemporánea”.

La investigación es liderada por el académico del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos, Dr. Gonzalo Delamaza, junto a Carolina Acevedo y Natalia Miranda. El estudio caracteriza las trayectorias de institucionalización de acciones colectivas surgidas en conflictos socioterritoriales entre 2011 y 2024.

La encuesta, ejecutada por Rimisp entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, recogió la experiencia de 79 líderes y lideresas de las 16 regiones del país. En conjunto, reportaron 119 acciones colectivas y 335 esfuerzos específicos de institucionalización.

“Esta encuesta tiene como principal valor rastrear el universo de liderazgos locales: personas que no solo protagonizaron luchas territoriales y ambientales, sino que además hicieron esfuerzos por institucionalizarlas”, explica Gonzalo Delamaza. “Nuestro estudio no analiza cuáles fueron los conflictos, sino qué se hizo para que estos tuvieran un impacto”, agrega.

Organizarse para proyectar las demandas

La creación de organizaciones fue la estrategia más mencionada, con 103 registros. Sus principales objetivos fueron incrementar la visibilidad pública de las demandas, fortalecer la interlocución con autoridades y defender a las personas afectadas por los conflictos.

El estudio muestra que estas organizaciones privilegian estructuras flexibles: planes de trabajo, vocerías y articulación entre grupos ya existentes. Solo el 13,2% de los casos reportó formalización jurídica.

“La primera conclusión es que existe una gran cantidad de esfuerzos enfocados tanto en la creación de organizaciones propias como en la participación en mecanismos institucionales. No se observa una oposición entre la acción autónoma y la participación institucional, sino que ambas estrategias coexisten”, señala el Dr. Delamaza.

En visibilidad pública, el 81% de las iniciativas declaró haber cumplido sus objetivos en gran medida. En interlocución con autoridades, esa valoración alcanzó el 73%.

Uso intensivo de canales institucionales, con incidencia acotada

Los mecanismos de participación institucional registraron 100 menciones. Entre los más utilizados se encuentran las observaciones ambientales en el Sistema de Evaluación Ambiental, las mesas territoriales, la participación en concejos municipales y las audiencias ante estos organismos.

Sin embargo, la percepción de incidencia en estos espacios es moderada o baja. En una escala de 1 a 7, los fondos concursables obtuvieron una evaluación de 5,0 y los planes reguladores comunales un 4,8, mientras que las consultas convocadas por autoridades recibieron un 3,6 y los Consejos de la Sociedad Civil ministeriales un 3,7.

Para el investigador, el valor de estos mecanismos no se limita a sus resultados directos. “Aunque suelen considerarse poco eficaces y sin consecuencias vinculantes, las personas encuestadas los evalúan de forma positiva porque el proceso se concibe como un aprendizaje: otorga mayor visibilidad, permite difundir las demandas y mejora la interlocución con las instituciones”, asegura.

Redes y plataformas: la estrategia mejor evaluada

Los acuerdos y plataformas con otros actores fueron mencionados en 62 ocasiones. Las organizaciones sociales fueron las principales participantes, seguidas por ONG nacionales, comunidades indígenas, academia y ONG internacionales.

Esta estrategia obtuvo la evaluación más alta de incidencia: el 82,7% de las valoraciones se ubicó entre las notas 5 y 7. El resultado releva la importancia de las redes horizontales para la acción colectiva socioterritorial.

La encuesta también muestra un uso relevante de la vía electoral. Se registraron 90 candidaturas apoyadas, principalmente a la Convención Constitucional, concejos municipales, alcaldías, consejos regionales, gobiernos regionales y Presidencia. El momento de mayor actividad fue 2021.

“El año 2021 tuvo una intensa actividad de representación política, en las elecciones de autoridades y de la Convención Constitucional. Aunque posteriormente decayó, aún subsiste el interés local y regional por levantar o apoyar candidaturas”, afirma el Dr. Delamaza.

Una evaluación positiva del ciclo constituyente desde los territorios

El estudio identifica una participación y valoración significativamente mayor en el proceso de la Convención Constitucional que en el Consejo Constitucional de 2023. Por ejemplo, los cabildos previos a la Convención registraron 50 menciones y una evaluación promedio de 5,3; las audiencias públicas alcanzaron una nota de 5,4.

Además, en 14 de 16 menciones sobre convencionales electos en 2021, las personas encuestadas consideraron que estos mantuvieron conectada la agenda de sus organizaciones.

“En el caso específico de la Convención Constitucional, los liderazgos evaluaron positivamente el diálogo con las personas electas. Eso confirma que un sector de la ciudadanía movilizada protagonizó ese proceso desde las bases”, sostiene el académico del CEDER ULagos.

Consolidación, aprendizajes y próximos pasos

Al evaluar el conjunto de sus trayectorias, el 40,5% de las personas encuestadas considera que los esfuerzos de institucionalización han permitido consolidar y proyectar sus iniciativas. Un 25,3% estima que no se alcanzaron los resultados esperados, mientras que el 20,3% señala haber priorizado la movilización por sobre la institucionalización.

Para el equipo investigador, uno de los principales hallazgos es que el logro de estas experiencias no siempre se traduce en resolver el conflicto de fondo, sino en construir visibilidad, redes, aprendizajes y capacidades colectivas.

La siguiente etapa del proyecto contempla estudios cualitativos en Valparaíso, Chiloé y Magallanes, para profundizar en las trayectorias de organizaciones, mecanismos de participación y candidaturas. Posteriormente, se buscará abrir un diálogo con movimientos sociales y autoridades.

“Queremos generar un debate con los propios movimientos y con las autoridades, para aprender de estas trayectorias y contribuir a la construcción de una mejor institucionalidad”, concluye el Dr. Delamaza.

El documento completo con los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Liderazgos Socioterritoriales se encuentra disponible para descarga y consulta en proyectoconflictos.cl.

*Foto: U. Chile

Publicado por: Alejandro Jiménez Alvarado