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Opinión | Cultura al debe: presupuesto y recortes amenazan el patrimonio y los archivos.

Dra. Romané Landaeta | CEDER ULagos

La solidez de una democracia que dejó atrás una dictadura se prueba en la capacidad que tiene el Estado para sostener políticas de verdad y justicia, más allá del gobierno de turno. Hoy, ese piso mínimo está en riesgo. No es solo una intuición política; los estudios sobre justicia transicional han documentado ampliamente cómo los retrocesos en esta materia erosionan la legitimidad del Estado. Mientras los DD.HH. sigan tratándose como una agenda de gobierno y no como un deber permanente del Estado, las heridas de la dictadura militar (1973-1990) permanecerán abiertas. Agrupaciones de sobrevivientes, organizaciones de DD.HH., del patrimonio y la cultura, coinciden en que la gestión de la memoria sobre este tema sufre un retroceso crítico durante el año en curso bajo el actual gobierno. Aunque el Ejecutivo defiende la Ley de Presupuestos 2027 apelando a la austeridad fiscal y a la reasignación de recursos, en la práctica este recorte opera por la vía administrativa para neutralizar simbólicamente estos espacios.

Basta mirar las cifras para comprender la magnitud del problema. El proyecto presupuestario para el 2027 significa un recorte de alrededor del 78,6% en los fondos que entregan el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) y la Subsecretaría de Derechos Humanos. En concreto, se asignaron montos irrisorios de mil pesos a dieciséis recintos fundamentales, entre ellos el Museo de la Memoria y Londres 38. Pero el daño va mucho más allá de mantener un edificio en pie. La memoria histórica necesita que los archivos sobre las violaciones a los derechos humanos estén bien resguardados, ordenados y abiertos a la ciudadanía. Sin financiamiento para conservar documentos, digitalizarlos y abrirlos a la investigación, se frena el traspaso de esta historia a las nuevas generaciones y se traban tanto el esclarecimiento de los hechos como los juicios que siguen abiertos.

En la Región de Los Lagos estos recortes adquieren una fuerza particular. Entre Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena existen 32 hitos conmemorativos. Recintos como el Sitio de Memoria Ex Cuartel PDI de Puerto Montt (Egaña 60), necesitan apoyo del Estado urgente para evitar que la lluvia deteriore su infraestructura y resguardar sus testimonios y documentos locales. Hoy, la supervivencia de estos lugares descansa sobre los hombros de comunidades envejecidas que no cuentan con respaldo técnico.

Abandonar los sitios y archivos de la represión política en Chile, erosiona tres bases de nuestra convivencia: rompe el consenso cívico frente a los crímenes de lesa humanidad, desarma las garantías de no repetición y somete las obligaciones internacionales permanentes del Estado a merced de la caja fiscal de turno. Resguardar la memoria histórica y garantizar acceso público a sus documentos no es un asunto de nostalgia; es una condición mínima para sostener nuestra democracia.

Opinión | Cultura al debe: presupuesto y recortes amenazan el patrimonio y los archivos.

Dra. Romané Landaeta | CEDER ULagos

La solidez de una democracia que dejó atrás una dictadura se prueba en la capacidad que tiene el Estado para sostener políticas de verdad y justicia, más allá del gobierno de turno. Hoy, ese piso mínimo está en riesgo. No es solo una intuición política; los estudios sobre justicia transicional han documentado ampliamente cómo los retrocesos en esta materia erosionan la legitimidad del Estado. Mientras los DD.HH. sigan tratándose como una agenda de gobierno y no como un deber permanente del Estado, las heridas de la dictadura militar (1973-1990) permanecerán abiertas. Agrupaciones de sobrevivientes, organizaciones de DD.HH., del patrimonio y la cultura, coinciden en que la gestión de la memoria sobre este tema sufre un retroceso crítico durante el año en curso bajo el actual gobierno. Aunque el Ejecutivo defiende la Ley de Presupuestos 2027 apelando a la austeridad fiscal y a la reasignación de recursos, en la práctica este recorte opera por la vía administrativa para neutralizar simbólicamente estos espacios.

Basta mirar las cifras para comprender la magnitud del problema. El proyecto presupuestario para el 2027 significa un recorte de alrededor del 78,6% en los fondos que entregan el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) y la Subsecretaría de Derechos Humanos. En concreto, se asignaron montos irrisorios de mil pesos a dieciséis recintos fundamentales, entre ellos el Museo de la Memoria y Londres 38. Pero el daño va mucho más allá de mantener un edificio en pie. La memoria histórica necesita que los archivos sobre las violaciones a los derechos humanos estén bien resguardados, ordenados y abiertos a la ciudadanía. Sin financiamiento para conservar documentos, digitalizarlos y abrirlos a la investigación, se frena el traspaso de esta historia a las nuevas generaciones y se traban tanto el esclarecimiento de los hechos como los juicios que siguen abiertos.

En la Región de Los Lagos estos recortes adquieren una fuerza particular. Entre Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena existen 32 hitos conmemorativos. Recintos como el Sitio de Memoria Ex Cuartel PDI de Puerto Montt (Egaña 60), necesitan apoyo del Estado urgente para evitar que la lluvia deteriore su infraestructura y resguardar sus testimonios y documentos locales. Hoy, la supervivencia de estos lugares descansa sobre los hombros de comunidades envejecidas que no cuentan con respaldo técnico.

Abandonar los sitios y archivos de la represión política en Chile, erosiona tres bases de nuestra convivencia: rompe el consenso cívico frente a los crímenes de lesa humanidad, desarma las garantías de no repetición y somete las obligaciones internacionales permanentes del Estado a merced de la caja fiscal de turno. Resguardar la memoria histórica y garantizar acceso público a sus documentos no es un asunto de nostalgia; es una condición mínima para sostener nuestra democracia.