Por Dr. Ángel Saldomando | Investigador Asociado CEDER Santiago
En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado el tema de la tierra fue recurrente en la política, la literatura y el cine. La figura del latifundista, del estanciero, del dueño de plantación se identificaba con la explotación y la violencia, contra campesinos, peones, indígenas, negros y mujeres.
Desde los años ochenta de ese siglo veinte, con la hegemonía del discurso liberal, del discurso empresarial, de la compañía transnacional y anónima, del mercado socialmente indiferente se construyó un imaginario de modernización económica y social. En contraste con ello América Latina parece haber ingresado en un nuevo ciclo de guerra sucia, aunque quizá sea el mismo de siempre. Mientras las noticias hablan de actualidad política, evolución del consumo y del crecimiento económico, deportes y de muchas banalidades publicitarias, la realidad muestra una aguda contradicción entre la proclamada modernización y patrones sociales tradicionales, violentos y conservadores. La cuestión de la tierra, sigue siendo como ayer, unos de los principales reveladores del patrón oligárquico de la región. Lo que está claro es que no porque las élites tengan un volvo en el garaje despertaremos en Suecia.
Los conflictos ambientales han vuelto a poner en el foco de la atención en la tierra. Pero esta vez desborda la cuestión clásica de las reformas agrarias: redistribución, acceso e igualdad. El problema de la tierra se ha volcado en una cuestión más amplia: el territorio. Allí se confrontan los temas clásicos y se incorporan además conflictos en torno a la soberanía de las decisiones, quien decide qué y cómo, aborda la sostenibilidad ambiental como un bien social que debe ser protegido social y jurídicamente, y exige nuevos patrones de sociedad en términos de conflictos, derechos y regulación vinculados al modelo económico.
El reciente informe “Desterrados: Tierra poder y desigualdad de Oxfam” en 2016, sobre la apropiación de la tierra en América Latina; actualiza y documenta una realidad particularmente violenta.
El informe muestra un crudo y dramático panorama de acumulación de tierra en pocas manos, expulsión forzada de campesinos, indígenas, afro descendiente y mujeres con altos niveles de violencia y represión.
El informe señala, mediante un indicador de Gini sobre desigualdad en la distribución de la tierra, un promedio de desigualdad en la región de 0.79, mayor que en África subsahariana 0.43, América del norte 0.37 y Asia Pacífico con igual 0.37.
América del sur los supera a todos con un 0.85. Pese a la diferencia de tamaño de los países, de tierras disponibles o de procesos políticos, como aquellos que conocieron procesos de reforma agraria, la tierra siguen siendo un factor de desigualdad y de poder de oligarquías, familiares o integradas en diseños de negocios trasnacionales más sofisticados.
Los dos países más desiguales son, según el índice, Paraguay con 0.93 y Chile con 0.91. Le siguen 6 países con indicadores casi todos por encima del promedio, entre ellos Colombia con 0.88, Brasil con 0.87 y Argentina con 0.83.
En América Central el promedio es de 0.75, Guatemala es el más desigual con 0.84 y Nicaragua pese a la reforma agraria es más desigual 0.72 que Costa Rica 0.67.
La expropiación y acumulación de tierras se ha intensificado producto del crecimiento de las industrias extractivas de recursos naturales. Como hemos señalado en diversos artículos la tendencia es a la agravación de este problema en todos los países de la región. Independientemente del signo político de los gobiernos, los discursos y las convenciones internacionales, no parece posible modificar esta tendencia sin replantear el modelo económico altamente dependiente de recursos naturales y de la concentración de la riqueza y del poder que conlleva.
La resistencia de comunidades rurales e indígenas ha generado una guerra sucia por parte de empresas y gobiernos, empeñados en reprimir y cuando menos descalificar a quienes denuncia este estado de cosas.
Solo en Paraguay han sido desplazadas por la expropiación de tierras medio millón de personas campesinas. En Colombia no sólo el conflicto armado ha desplazado personas, las empresas mineras, las mafias y los paramilitares se coluden para ocupar territorio. También en Honduras, Guatemala, Nicaragua, Brasil o Argentina se producen fenómenos similares.
Según diversas fuentes entre ella el Ministerio del Interior de Colombia, en base a los datos de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, estima que han muerto en lo que va de año cerca de 60 líderes sociales. Al menos una treintena más ha sufrido atentados y casi 300 son víctimas de amenazas. Las cifras para algunas organizaciones son superiores. Marcha Patriótica, un movimiento de izquierda, calcula que en los últimos cuatro años han muerto más de 120 miembros de su formación. La Unión Patriótica (UP), la formación de izquierda que surgió de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur en los ochenta y que perdió a más de 3.000 integrantes, asesinados por grupos paramilitares, incluidos dos ex candidatos presidenciales.
El asesinato de Bertha Cáceres en Honduras, en marzo de este año, el continuo hostigamiento violento a líderes sociales comprometidos con la defensa ambiental del territorio, en casi todos los países de la región; muestran el estado actual del problema. 88 asesinatos en los últimos cuatro años en América del Sur, 31 en América Central y más de 1.700 agresiones a mujeres ambientalistas han sido registradas por organizaciones de derechos humanos.
El asesinato de un vice ministro en Bolivia durante un conflicto con cooperativas mineras en agosto de este año, la toma de rehenes en algunos casos, la represión en Nicaragua contra quienes se oponen a la concesión canalera otorgada, el reciente conflicto por al agua en La Paz o el de la Araucanía en el sur de Chile revelan que la tensión articula dimensiones políticas y problemas estructurales que son negados
El 10 de diciembre pasado se celebró el día de los derechos humanos. Un día, una fecha, un enunciado. Es obvio que el estado de esos derechos depende del estado de las sociedades que deben hacerlos valer y defender.
Fuente: http://www.lemondediplomatique.cl/La-tierra-latigo-y-mercado-Por.html
