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La estrategia digital de Chile atravesó durante la anterior administración (2010-2014) su travesía por el desierto. El discurso modernizador y tecnocrático que marcó la llegada del presidente Piñera a la Moneda no encontró en los años posteriores correspondencia en la definición e implementación de una política pública que pretendiera incorporar el uso instrumental de las nuevas tecnologías de la información y comunicación al objetivo de elevar los niveles de desarrollo social y económico del país. Algunas de las señales que se apuntan con la llegada de la nueva administración Bachelet parecieran dar cuenta de un giro en la situación y de retomar el camino desandado durante los últimos años a partir de la construcción de una nueva agenda digital en Chile. Por un lado, la decisión de volver a trasladar la secretaria ejecutiva de la Agenda Digital en Chile desde la Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL) al Ministerio de Economía refleja la voluntad de disponer de un marco institucional apropiado desde el que proyectar y hacer sostenible la estrategia digital. Por otro lado, las propias declaraciones de la Subsecretaria de Economía dan pie a creer que se retorna a una mirada amplia de la estrategia digital como una herramienta más al servicio del bienestar de los ciudadanos/as como parte de la estrategia gubernamental más amplia orientada a revertir las desigualdades. Es en este nuevo escenario en el que nos aventuramos a realizar algunos aportes para la nueva agenda digital en Chile centrados en las posibilidades de mejora del funcionamiento y desempeño de la democracia.
En un escenario electoral marcado por un alto nivel de abstencionismo, la idea de implementar el voto electrónico ha ganado cada vez más fuerza como un recurso para mejorar el funcionamiento y el desempeño de la democracia en Chile. Sin embargo, ni la propias potenciales del voto electrónico como artefacto tecnológico, ni la evidencia de la experiencia comparada permite aseverar la asociación virtuosa entre voto electrónico y participación electoral. Para que esto fuera posible, en primer lugar, estaríamos hablando de un voto electrónico remoto – desde cualquier computador con acceso a Internet, independientemente de su localización- y no un voto electrónico en los centros de votación. Nada puede llevarnos a creer que la simple instalación de urnas electrónicas debiera traer consigo un crecimiento de la participación. Menos cuando, como ocurre en Chile, los procesos electorales cuentan hoy en día con un alto nivel de confianza sobre su capacidad de determinar de forma fidedigna al ganador. Para avanzar hacia la implementación del voto electrónico remoto en elecciones vinculantes todavía es necesario superar algunos problemas tecnológicos y legales que permitan asegurar el cumplimiento de algunos criterios básicos como la unicidad del voto o la identificación del votante. En caso de que pudiera solventarse estos problemas, debiéramos esperar que este tipo de voto electrónico aportara ganancias en incorporar al proceso electoral a determinados grupos que en la actualidad no participan o se abstienen por razones de localización geográfica y movilidad. Sería el caso, por ejemplo, de los chilenos que se encuentran en el exterior. Asimismo, favorecer la implementación de consultas plebiscitarias dando más oportunidades a la ciudadanía para decidir sobre más temas. Todo ello justifica su incorporación como un tema relevante a explorar dentro de la nueva agenda digital.
Ahora bien, la migración hacia el voto electrónico sólo puede terminar siendo un aporte marginal si no viene acompañado de otros cambios más sustantivos que permitan el reencantamiento de la ciudadanía con la democracia. El primero, revertir las desigualdades de acceso a la tecnología, a las habilidades e incentivos para su uso. De lo contrario la penetración de Internet en la política puede convertirse en una nueva fuente de desigualdades, fomentando la participación y canalización de demandas de los incluidos digitalmente y haciendo menos visibles o marginales a los más desprovistos de ellos. Pero enfrentar esta brecha no sólo es, aunque también, un problema de proveer más y mejor soporte tecnológico. Si así fuera debiéramos contar con una arena política más dinámica e inclusiva dadas las tasas de acceso y uso de Internet en Chile. El verdadero desafío se encuentra en utilizar las posibilidades que genera la tecnología para implicar a un ciudadano más formado, capaz, crítico, autónomo y comprometido con la política. A ello debiera contribuir la formulación y la implementación de iniciativas de inclusión digital que involucrará procesos de apropiación tecnológica basados también en el empoderamiento ciudadano. En favorecer un más fácil acceso de la ciudadanía a las actividades del gobierno, transformándolo en un ente más controlable y con menores posibilidades de ejercer un control jerárquico sin los adecuados contrapesos y limitaciones.
Por último, cabe entender que la democracia, en su concepción ideal, se caracteriza por sustentarse una esfera pública en la que tiene lugar una conversación cívica entre múltiples agentes sobre distintas lecturas de los asuntos públicos y los diferentes cursos alternativos de acción que se proponen. La principal distorsión de este modelo ideal se encuentra en la falta de pluralidad, dejando espacio para la monopolización del debate público por los soliloquios de determinados grupos de interés con el concurso de los medios de comunicación afines. En este escnario, es evidente el poder de Internet y, particularmente las redes sociales como herramientas para la difusión de ideas, en el sentido más general posible. Ese potencial ya es utilizado en todo el mundo y, por supuesto, Chile no es la excepción.
Internet ha ensanchando los márgenes del pluralismo a partir de la emergencia de nuevas identidades y comunidades políticas al margen de las instituciones democráticas representativas, cada vez más desafectas por parte de grupos, comunidades e individuos de la sociedad. El desafío, por tanto, que se plantea en un escenario en el que Internet asume una posición cada vez más relevante en el accionar político, es como adecuar las instituciones políticas para compatibilizarlas a las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías a la profundización democrática.
JOSÉ IGNACIO PÓRRAS
Profesor asistente del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Publicas, CISPO,Universidad de los Lagos.
Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de especialización: el impacto social de internet; gobierno y democracia electrónica y análisis de redes de políticas públicas.
