Pero más allá del incremento de los conflictos, lo interesante son sus consecuencias. Por una parte no surgieron de un contexto de crisis económica o de desempleo, sino de disputas muy locales que, sin embargo, se han politizado de una manera novedosa respecto de la tradición chilena. Aun siendo locales y alejados, muchos conflictos han concitado la participación de actores no directamente concernidos, han interpelado al Estado por una respuesta o por modificaciones legales y, en ocasiones, han puesto en cuestión orientaciones generales de la política pública. Verdades largamente aceptadas, como que la gran inversión siempre trae progreso, pasaron a ser motivo de intensas disputas: sobre la distribución de las rentas de dichas inversiones, sobre los mejores usos del territorio, sobre el cuidado y sustentabilidad de los recursos naturales, sobre el lugar, los mecanismos de participación y los protagonistas de la toma de decisiones, sobre la orientación del modelo de desarrollo.

Y las disputas no han quedado entre especialistas o pequeños grupos. Al contrario, se han generalizado en la opinión y, más relevante aún, han producido cambios muy concretos, logrando detener proyectos multimillonarios, aparentemente imparables, sustentados por poderosos grupos empresariales y un igualmente poderoso lobby político de alto nivel (el último fue el caso de la minera Dominga en La Higuera). A la vez se han modificado normas como la del Plomo en terrenos para construcción de viviendas, la Ley de Glaciares, y políticas importantes como la energética, en contra de los megaproyectos, a favor de las energías renovables y con mayores y mejores instrumentos de participación ciudadana. Para ello se han debido construir coaliciones de actores muy diversos, cuya configuración es muy desigual, así como su dinámica y resultados. Por otra parte estos conflictos se acumulan entre sí, a veces en un mismo territorio (como el Valle del Huasco y otras “zonas de sacrificio”) o en relación a un asunto en común, como la defensa del agua y la lucha por su recuperación para el control público.

¿De qué depende que una coalición de origen local tenga resultados favorables o desfavorables? ¿Existen áreas más “duras” de modificar en la política pública y otras más “blandas”? ¿Cuánto impacta la presencia del factor internacional en los conflictos (muchas veces las empresas lo son, los acuerdos de libre comercio influyen y las ONG internacionales se involucran)? Y, por otra parte, más allá de las consecuencias políticas nacionales, ¿Cómo impactan estos conflictos en los territorios donde se producen? ¿Se fortalecen las fuerzas locales, favoreciendo una presión descentralizadora? O, por el contrario, ¿se dividen los actores y el conflicto se instala dentro de la localidad, enfrentando a sus habitantes? Hemos encontrado evidencia sobre la importancia de la involucración de los alcaldes y autoridades municipales en la evolución favorable del conflicto al interior del territorio. Vale decir, no solo son los ciudadanos y ciudadanas que se empoderan, también es relevante el modo como se constituyen coaliciones mixtas capaces de suscitar apoyo para sus luchas.

En el ciclo político iniciado en Chile 2011/12 el conflicto, lejos de producir ingobernabilidad, es un lugar desde donde se están produciendo respuestas y propuestas para problemas largamente postergados: sustentabilidad del desarrollo, participación ciudadana, descentralización, entre otros. La investigación sistemática y seria sobre sus características y consecuencias alimentará también la elaboración de alternativas, la formación de especialistas en estos temas y potencia el rol de las universidades en sus territorios.

Gonzalo Delamaza Escobar.
Sociólogo, Jefe Programa Doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales – Postgrado Ulagos.

Fuente: Le Monde diplomatique http://www.lemondediplomatique.cl/article5590,5590.html