La Superintendencia del Medio Ambiente ha multado a la empresa MOWI (Ex Marine Harvest) con 5.300 millones de pesos por el escape de salmones ocurrido en 2018 en la Región de Los Lagos. La empresa asegura que le dictamen no tiene asidero científico pues según los estudios que encargó por su cuenta no hubo daño al medio ambiente.
En base a diferentes indicadores provenientes del consorcio “Global Salmon Initiative (GSI)”, del cual Mowi ya no es parte, es posible notar que esta compañía presenta un comportamiento ambiental muy distinto en Chile y en Noruega. Respecto a los escapes, Mowi reportó a GSI 249.213 peces escapados entre 2013 y 2018. En Chile, durante el mismo periodo, reportó 678.260. Una cifra probablemente subestimada si triangulamos con información de tercera parte en Chile durante el mismo período. Aun así, la cifra en Chile es al menos el doble, teniendo una producción notablemente menor que en el país nórdico.
Una vez más, se dirá de que se trata de una controversia propia de un proceso de gobernanza público-privada. Los medios de comunicación se centrarán en el litigio legal. Los centros científicos especializados manifiestan que los escapes son un riesgo de toda actividad acuícola sin claros consensos científicos y se centran en su misión que es dar recomendaciones de prevención y mitigación. Pero creo que no es una controversia justificada para una industria que se autodeclara sustentable y además responsable de que Chile figure como el segundo exportador de salmón en el mundo.
La evidencia científica muestra que firmas internacionales tienen distintos comportamientos respecto a metas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el trabajo decente según el entorno institucional del país donde invierten. El año pasado el ministro de pesca y acuicultura de Noruega junto con la industria salmonera operando en ese país proclamó la meta de cero peces escapados reaccionando al aumento de estos eventos en los últimos años. Sin embargo, en Chile no hay acuerdo respecto a las consecuencias del escape de 600 mil peces intervenidos farmacéuticamente. Es legítimo entonces preguntarse si se trata de controversias por la ausencia de consensos científicos o más bien de un relativismo ambiental propio de la cadena internacional de acumulación de ganancias.
Dr. Ricardo Rivas