Gonzalo Delamaza Escobar, director del Centro de Investigación en Sociedad y Políticas Públicas (CISPO), de la Universidad de Los Lagos Campus Santiago, fue nombrado como Consejero integrante del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
El investigador, de dilatada trayectoria en las áreas de participación ciudadana, políticas sociales y sociedad civil, y que fuera designado en este cargo por la Presidenta Bachelet, nos comenta de su nombramiento.
¿LA LEY 20.500 Y ESTE FONDO TIENEN CABIDA DENTRO DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO?
En términos generales sí. Ahora bien toda vez que la modernización del Estado incorpore un componente de participación ciudadana efectiva, y es ese precisamente el marco de la Ley 20.500. Estamos en deuda con el desarrollo de acciones de participación efectiva de la sociedad civil en la gestación de las políticas públicas; participación, muchas veces, ausente o bien subordinada. La Ley 20.500 es la primera iniciativa que vincula, dentro de la modernización del Estado, el componente de participación ciudadana. El Fondo de fortalecimiento, que esta Ley contempla, permite que el componente de participación se restablezca. Es un inicio, un inicio significativo, aunque estimo que esta participación debiera ir más allá.
En Chile la modernización del Estado se la ha entendido como una adecuación organizacional e introducción de métodos para hacer más eficiente la acción estatal en términos gerenciales. Este ejercicio si bien es un aspecto necesario, ha dejado de lado otro de igual importancia: la modernización democrática del Estado. Los gobiernos posteriores a la dictadura han visto limitada su capacidad de producir gobernabilidad democrática en la medida que se han subordinado a un modelo elitista de democracia y han adoptado una versión restringida de la participación ciudadana.
La Ley 20.500 viene a introducir algunos componentes de la participación de la sociedad civil, aunque aún débiles. Por ejemplo, instancias consultivas a los Consejos de organizaciones de interés público en todos los organismos del Estado; normativas de participación en todas las reparticiones públicas; un Fondo, que viene a abordar uno de los aspectos menos atendidos por los procesos de modernización del Estado: el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE ESTE FONDO?
No es posible mejorar la interlocución entre el Estado y la ciudadanía si tenemos, de un lado, un aparato estatal que tiene profesionales, técnicos, estructuras, presupuesto y, del otro lado, un conjunto de personas que por buena voluntad se reúnen y tratan de hacer lo que pueden. Esa no es una interlocución posible. Se ha de tener en la sociedad civil interlocutores constituidos, con propuestas, con recursos, capacitados para incidir efectivamente en la gestión de lo público.
Esto tiene una segunda consecuencia perversa: los que más tienen recursos son los que mejor pueden desempañarse en el campo de las organizaciones. Es decir, se reproduce la desigualdad a través de la participación.
Para equiparar la ‘cancha’ y para tener una interlocución real se han de tener organizaciones fortalecidas. Entonces este Fondo es un primer paso en ese sentido.
¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS O INICIATIVAS SERÍAN PERTINENTES PARA ESTE FONDO?
Por ejemplo, la formación de liderazgos de nivel intermedio con el objetivo de constituirse en interlocutores efectivos.
Otro aspecto débil de la sociedad civil chilena es la poca coordinación entre las diversas organizaciones en el abordaje de temas comunes. La articulación está a un nivel instrumental, la cuestión es cómo se pasa desde este nivel a, por ejemplo, plataformas territoriales con el propósito de abordar planes de desarrollo comunal, o estrategias de desarrollo a nivel provincial o regional.
El contar con equipamiento mínimo para el buen funcionamiento de la organización -grabadoras, proyectores, cámaras fotográficas- es también un aspecto que permite el fortalecimiento de las organizaciones.
La comunicación y la difusión de los temas de la agenda de la sociedad civil, es otro asunto a relevar por este Fondo.
En fin, los campos son múltiples pero todos ellos relacionados con el fortalecimiento de las organizaciones en sus diversas dimensiones.
Este Fondo permite, a su vez, mejorar las vinculaciones con otras instancias del aparato público que también manejan recursos, en el entendido de que el criterio de fortalecimiento de la sociedad civil debiera ser parte de todas las políticas públicas.
Te doy un ejemplo: Se quiere realizar un programa de vivienda, entonces necesito que las viviendas sean de buena calidad, seguras, que estén bien pensadas, pero también me interesa que sean pertinentes y adecuadas a lo que los vecinos quieren ¿Cómo lo hago? Eso supone que tengo que considerar una parte de los recursos disponibles para llevar de buen modo el proceso de participación que los vecinos reclaman.
Esto si sería modernización de la gestión. Ese es el camino que debemos recorrer de aquí en más.
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO
El Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público tiene por finalidad favorecer la autonomía, sustentabilidad y fortalecimiento, de las organizaciones sociales y sus redes, así también fortalecer su rol como entes vinculantes de la ciudadanía con el Estado.
Los recursos del Fondo deben ser destinados al financiamiento de proyectos o programas nacionales y regionales que se ajusten a la promoción del interés general, en materias de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común.
A su vez, el Fondo tendrá un Consejo Nacional, y un Consejo Regional. Al primero le corresponderá: aprobar las bases generales y los requisitos administrativos para la postulación de proyectos o programas y adjudicar los proyectos o programas de carácter nacional que postulen anualmente. En tanto que al Regional le corresponderá fijar anualmente criterios y prioridades para la adjudicación de los recursos del Fondo entre proyectos y programas que sean calificados de relevancia para la región y adjudicar los recursos del Fondo a proyectos o programas de impacto regional. El Fondo estará integrado tanto por representantes de organizaciones de la sociedad civil como por representantes del Gobierno.
