El seminario ‘Participación Ciudadana y Ley 20.500: Límites y desafíos’ fue la clase inaugural del diplomado ‘Políticas y estrategias de participación ciudadana’ que desarrolla el Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción.
Participaron en esta actividad la Jefa de Estudios de la División de Organizaciones Sociales, Consuelo Rebolledo, el académico de la Universidad de Los Lagos y Director del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas-CISPO, Gonzalo de la Maza, y representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil-COSOC de las regiones Metropolitana y del Biobío.
La profesora Violeta Montero, socióloga y docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política y directora del Diploma, valoró positivamente este espacio de encuentro de la sociedad civil, en torno al quehacer estatal y destacó el trabajo colaborativo que ha tenido este diploma con la Corporación SEPADE en la región del Biobío.
Por su parte el Dr. Delamaza expresó, “Hoy tratamos un tema muy actual. Estamos en Chile en un momento de transición importante de cómo incorporar la participación ciudadana en las actividades de la gestión pública, o sea, incorporar a la ciudadanía en la definición de los asuntos que a todos nos importa. Eso tiene expresiones legales muy incipientes. En este seminarios se evaluaron los alcances de dichas expresiones legales”.
El investigador Gonzalo Delamaza, de dilatada trayectoria en las áreas de participación ciudadana, políticas sociales y sociedad civil, fue designado en 2014 por la Presidenta Bachelet como Consejero integrante del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO
El Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público tiene por finalidad favorecer la autonomía, sustentabilidad y fortalecimiento, de las organizaciones sociales y sus redes, así también fortalecer su rol como entes vinculantes de la ciudadanía con el Estado.
Los recursos del Fondo deben ser destinados al financiamiento de proyectos o programas nacionales y regionales que se ajusten a la promoción del interés general, en materias de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común.
A su vez, el Fondo tendrá un Consejo Nacional, y un Consejo Regional. Al primero le corresponderá: aprobar las bases generales y los requisitos administrativos para la postulación de proyectos o programas y adjudicar los proyectos o programas de carácter nacional que postulen anualmente. En tanto que al Regional le corresponderá fijar anualmente criterios y prioridades para la adjudicación de los recursos del Fondo entre proyectos y programas que sean calificados de relevancia para la región y adjudicar los recursos del Fondo a proyectos o programas de impacto regional. El Fondo estará integrado tanto por representantes de organizaciones de la sociedad civil como por representantes del Gobierno.
