El último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central generó una inesperada polémica política. El presidente Gabriel Boric criticó abiertamente algunas de sus conclusiones, en especial aquellas que vinculan el alza del salario mínimo y la implementación de la ley de 40 horas con la debilidad en la creación de empleo y el aumento de los costos laborales.
El documento advierte que “la evolución reciente del mercado laboral muestra señales mixtas, con una débil creación de empleo y una tasa de desempleo por sobre sus valores prepandemia, pero a la par con un crecimiento de los costos laborales reales por encima de su promedio histórico”. En este contexto, el Banco Central señala que factores legislativos, junto con la adopción de nuevas tecnologías, explicarían parte de las tensiones actuales del mercado de trabajo.
Las críticas presidenciales no tardaron en desatar reacciones. El ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, enfatizó que “no me gusta que, cuando un resultado no favorece sus juicios a priori, la gente tienda a descalificar (las opiniones expertas), muchas veces sin conocimiento ni capacidad de análisis”.
Más duro aún fue el economista Klaus Schmidt-Hebbel, quien sostuvo que “cuando el Presidente critica un estudio técnico diciendo que las empresas contratan más al subir el salario mínimo, se mete en una discusión respecto a la cual no tiene ninguna ventaja comparativa, ningún título universitario y ninguna capacidad de análisis”.
Este choque revela un aspecto clave del debate económico: el rol de los llamados “expertos”. Buena parte de las proyecciones sobre empleo e inflación provienen de modelos que requieren importantes supuestos para funcionar. Sus estimaciones suelen tener márgenes de error significativos, algo que rara vez se comunica con la misma fuerza que las conclusiones. Sin embargo, el peso del lenguaje técnico y la autoridad de ciertos círculos académicos terminan por blindar estas visiones, dificultando que el ciudadano cuestione su validez.
En ese sentido, la discusión trasciende al contenido del IPoM y pone sobre la mesa cómo se construye la autoridad en el campo económico. Los “expertos” parecen disfrutar, muchas veces, de transformar lo simple en un lenguaje casi críptico, accesible solo para quienes dominan sus códigos. No es extraño entonces que frente a cuestionamientos políticos se refugien en la idea de que “solo los entendidos/iluminados” pueden opinar.
Recordemos que la economía es una Ciencia Social. Sus modelos no predicen con la misma precisión que lo hace la meteorología sobre el clima (que lo hace bastante mejor). Hay un componente humano, político y social imposible de abstraer. Por eso, más que cerrar filas en torno a círculos de expertos, la discusión pública requiere reconocer tanto las virtudes como las limitaciones de la disciplina económica.
Por Mauricio Hernández
*Publicada el 25 de septiembre 2025 en el Diario Austral de Osorno
