Pronto experimentaremos el primer ajuste de tarifas eléctricas luego de un extenso congelamiento de precios. Se estima que esta variación podría incrementar la tarifa de luz hasta en 60% el 2025. Este fue un mecanismo de estabilización de precios implementado en 2019. Se fijaría una deuda máxima de 1.3 millones $US con las empresas generadoras y gracias a un aumento en la oferta de energía renovable, el precio futuro se estabilizaría nuevamente.
El covid-19, los costos energéticos globales y los contratos de deuda cambiaron las reglas del juego. El congelamiento se hizo in- sostenible, obligando a la actual administración a renegociar un pasivo acumulado de 6 mil millones de dólares y que en palabras del actual mandatario «deuda que no se paga, sale más cara después».
Esta medida tiene impacto directo en el presupuesto y costo de vida de los hogares. Quisiera reflexionar sobre un concepto relacionado: la elasticidad precio-demanda. Entiéndase aquello como el cambio en la cantidad demandada de electricidad frente a un cambio en su precio. En corto plazo, los hogares no modifican significativamente su demanda eléctrica a diferencia del largo plazo, son más bien insensibles frente a un cambio en su tarifa. Esta variación representa un incremento en el costo de oportunidad, es decir, para consumir una unidad adicional de electricidad, o el nivel anterior, debo renunciar a consumir otro bien/servicio equivalente.
El descongelamiento de precios no sólo aplica a nivel de hogares, sino también sobre el nivel general de precios. Se prevé un incremento cercano al 4,2% sobre el IPC, generando así un mayor peso económico sobre el presupuesto familiar.
A nivel nacional, la demanda de electricidad ha crecido desde 2019 a tasas inferiores respecto al crecimiento de la capacidad instalada. Es decir, hemos producido más de lo consumido. A nivel regional, el consumo de los hogares desde 2019 al 2022 es superado en todos los periodos por el sector industrial y en algunos por el sector comercial.
Para mitigar el impacto en el costo de vida de los hogares, es imperativo que se renegocien los contratos de deuda. Estos se encuentran sujetos a condiciones económicas externas, lo que incrementa la volatilidad de los precios futuros.
Una deuda basada en el precio siempre es insostenible. Es contraproducente con la Política de Energía, la cual busca generar un acceso universal y equitativo a los servicios energéticos. En ninguno de los casos este mecanismo contribuye a lograr este objetivo, añade una presión económica que no sólo tiene impactos en el presupuesto familiar, sino también sobre la estabilidad social. Esto último sí que puede generar una importante deuda, una que, si no se paga, saldrá mucho más cara después.
Por Mauricio Hernández, investigador del CEDER.
*Publicada el 18 de julio de 2024 en el Diario Austral de Osorno.
