El 7 de agosto pasado, durante la celebración del Día de la Dirigencia Social, el Presidente de la República anunció la pronta presentación al Congreso de un proyecto para reformar la Ley 20.500, de Asociatividad y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Esta ley, vigente hace casi quince años, ha permitido instalar en la administración pública un conjunto de dispositivos para fomentar la participación: normas ad hoc en la que ministerios y servicios transparentan como organizan los mecanismos participativos, encargadas y encargados del tema y Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) en municipios y servicios del gobierno central y descentralizados, son los principales avances. Sin embargo, se trata de una ley muy poco conocida, que no cuenta con mecanismos de sanción a su incumplimiento, ni con financiamiento adecuado.
Los COSOC son instancias meramente consultivas y de poca utilidad, pues están débilmente articulados a la gestión de las políticas públicas y carecen de autonomía. En cuanto al fortalecimiento asociativo, la ley es aún más débil. Y la única herramienta de democracia directa de nuestro ordenamiento jurídico, los plebiscitos locales, éstos resultan impracticables por costo, financiamiento y restricción de oportunidades para realizarlos.
Por ello es de alegrarse del anuncio presidencial, a pesar de su tardanza, que cumple con un compromiso programático del actual gobierno. Aun no se da a conocer el articulado propuesto para la reforma, pero este deberá afrontar los problemas anteriormente señalados: financiamiento adecuado y sanción al incumplimiento por parte de las autoridades (Castro pasó catorce años sin COSOC y recién eligió uno en mayo pasado); atribuciones más fuertes y mayor autonomía para los COSOC (hoy son presididos por los alcaldes en el ámbito municipal); precisión sobre derechos y deberes de las organizaciones sociales; fortalecimiento del Registro de Personas Sin Fines de Lucro como instrumento de transparencia, simplificando la gestión de las organizaciones ante el Estado y entre ellas y extensión de los mecanismos al ámbito regional, recientemente democratizado.
Finalmente, es indispensable dotar de efectividad a la herramienta plebiscitaria, especialmente aquella de origen ciudadano. Concretamente adecuar el quorum de respaldos ciudadanos a la realidad de la participación electoral actual y hacer posible la realización de referéndum de origen ciudadano en conjunto con las elecciones de representantes, a través de una papeleta adicional. Ello revitalizaría la política local -en lo representativo y en lo participativo- y disminuiría significativamente el costo, que actualmente es altísimo y debe ser asumido por las municipalidades. La participación es un requisito de la democracia contemporánea. Tenemos aquí una oportunidad para avanzar en ello.
Por Gonzalo Delamaza
*Publicada el 14 de agosto 2025 en el Diario Austral de Osorno
