Si bien no recibió mención alguna en la Cuenta Pública Presidencial, el gobierno ha conformado recientemente un Consejo Asesor para la Política Nacional de Descentralización.
Resultaría oportuno contar con una política nacional en aquello que hasta ahora ha sido más bien un lento e incompleto proceso sujeto a negociaciones coyunturales. Significaría determinar orientaciones, instrumentos y recursos, los que debieran expresarse en iniciativas legislativas y en el presupuesto del año 2025. El ambiente político no se aprecia muy propicio, luego de los escándalos de corrupción del llamado «caso fundaciones», que han golpeado fuertemente la confianza pública.
Este grave tropiezo debe dar lugar a correcciones, pero no puede ser obstáculo para continuar con un proceso tan esperado y que tanto ha demorado en concretarse. Por un lado, es una ley que debe cumplirse y entrar en régimen, por otra un diseño que requiere modificaciones para avanzar, no para retroceder en la materia.
Los nuevos recursos del royalty, los gobernadores y consejeros regionales que elegiremos; un mayor impulso a las transferencias de competencias a los Gobierno Regional (Gore), incluyendo ahora servicios públicos; así como sus nuevas divisiones que los fortalecen, son todas oportunidades para comenzar un nuevo ciclo. Pero falta resolver la dualidad entre gobernador y delegado presidencial; la ley de financiamiento regional y, sobre todo, concordar una imagen objetivo del tipo de Estado que deseamos como producto de este proceso descentralizador.
La propuesta entregada por la Comisión Experta Constitucional hace un año, de un Estado Unitario Regionalizado, puede ser un punto de partida de alto consenso. También esto debe ser visto desde el otro lado: el fortalecimiento de los territorios en su autonomía y capacidades, tanto en lo regional como en lo comunal y en la articulación entre ambos niveles.
Retomar el impulso con participación de las comunidades regionales resulta fundamental para dejar la parálisis posterior al fracaso constitucional -que se debió a otras razones- y las dificultades de instalación de los gobiernos regionales electos.
Por Gonzalo Delamaza, investigador del CEDER ULagos
* Publicada el 6 de junio de 2024 en el Diario Austral de Osorno
