• El Consejo Asesor para la Política de Descentralización de Chile -del cual es miembro el académico del CEDER- entregó el informe final en el Palacio de La Moneda.

Este 8 de enero fue entregado en el Palacio de La Moneda el informe final del Consejo Asesor para la Política de Descentralización de Chile. El documento fue recibido por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá y la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales.

Cabe recordar que al momento de iniciar su trabajo, en mayo de 2024, el Consejo estuvo integrado por seis hombres y seis mujeres especialistas en el área, hasta el repentino fallecimiento de una de sus integrantes, María Paz Troncoso, en julio de ese año. Es por ello que el informe le fue especialmente dedicado “por su capacidad y compromiso con la descentralización”.

El Consejo concluirá su trabajo en mayo de 2025 -antes socializará el documento en los territorios-, trazando una hoja de ruta para el proceso de descentralización del país, que abarcará desde 2025 hasta 2034.

La subsecretaria Francisca Perales destacó “el gran trabajo que han realizado las y los integrantes del Consejo Asesor, que inició su labor en mayo de 2024. Esta comisión es de carácter paritario y sus integrantes son de distintas regiones de Chile, algo muy importante para nuestro Gobierno. Celebramos que los grupos de trabajo tuvieron la capacidad de generar importantes acuerdos y desarrollar las medidas presentadas que serán un insumo muy importante para la elaboración de la Política de Descentralización, que se presentará en los próximos meses al Presidente Boric”.

En ese marco, el Dr. Gonzalo Delamaza, académico del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas, CEDER, y miembro del Consejo compartió su análisis sobre esta iniciativa encargada por la Subdere.

Medidas estratégicas

El Dr. Delamaza destacó la diferencia fundamental de este informe respecto de los esfuerzos anteriores: no se limita a diagnosticar el centralismo, sino que propone una política estructurada con 13 objetivos y 32 medidas estratégicas. “Por ejemplo, se plantea fortalecer la representación política subnacional, mejorar la democracia local y proponer reformas -a la ley de participación- como la incorporación de plebiscitos ciudadanos en referéndums locales y regionales”, explicó. Estas medidas se dividen en plazos cortos, medianos y largos, considerando el rol del actual gobierno y las administraciones futuras.

Uno de los temas centrales del informe es abordar la problemática estructural que afecta la descentralización en Chile, especialmente la duplicidad de roles entre gobernadores regionales y delegados presidenciales, así como los desafíos de ejecución presupuestaria y probidad en los gobiernos regionales.

Delamaza subrayó que para consolidar la descentralización, es vital articular los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno mediante una “gobernanza multinivel”. A su juicio, este enfoque sería clave para resolver los problemas de la ejecución de presupuestos y el mal manejo de los recursos en los gobiernos regionales, como los casos recientes de mal uso de fondos en el denominado “Caso Convenios”.

Entre las propuestas fiscales más relevantes está la extensión del royalty minero a otros sectores extractivos, como la industria forestal y salmonera, y la redistribución del pago de patentes comerciales para beneficiar directamente a las regiones donde operan las grandes empresas. “Esto permitiría que los beneficios económicos no se concentren en el centro del país, sino que impulsen el desarrollo regional”, señaló.

Proceso consultivo

La participación ciudadana también jugó un papel importante en la elaboración del informe. Más de 5.000 personas participaron en el proceso consultivo -apoyado por el PNUD-, que incluyó encuentros regionales y una consulta digital. Según el Dr. Delamaza, el proceso fue notablemente menos polarizado que otros debates políticos en Chile, lo que reflejó un consenso amplio en torno a las medidas propuestas. “Las 32 medidas que proponemos fueron acordadas de manera unánime, lo que demuestra un acuerdo transversal sobre la importancia de avanzar en la descentralización”, aseguró.

Finalmente, el académico enfatizó la necesidad de garantizar la continuidad de este proceso mediante un consejo permanente para la descentralización y mecanismos de evaluación, como un índice de garantía descentralizadora. Con estas medidas, afirmó, Chile podría alcanzar un equilibrio territorial y avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible. “La descentralización es clave para el desarrollo, no puede seguir siendo solo una aspiración; ya tenemos las bases para transformarla en realidad”, concluyó.

De las 32 medidas, 12 se establecieron como prioritarias por su viabilidad:

Establecer el compromiso programático de las autoridades unipersonales regionales y locales; fortalecer la representación local y regional; gobernanza descentralizada del agua: establecer Planes Estratégicos Hídricos regionales y locales; distribuir las competencias entre niveles de la administración del Estado; establecer la coordinación entre niveles de la administración del Estado; dar urgencia para el tránsito de administración municipal a gobierno municipal; impulsar una Política de Cohesión Social y Territorial a través de transferencias de igualación; construir un Indicador de Costo de Vida Regional; descentralizar y democratizar la inversión pública: Programa PMB-PMU participativo; reformar la Ley 20.500, incorporando variables territoriales; incorporar la perspectiva territorial en el sistema educacional para el fortalecimiento de la identidad y la participación regional y local; y crear un Sistema de Información y Plataformas Integradas para la Gestión Subnacional.

El resumen ejecutivo del informe final se puede descargar desde aquí.