Haití atraviesa actualmente uno de los periodos más oscuros y críticos de su historia contemporánea. El colapso institucional y de seguridad se agudizó con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Las consecuencias han sido devastadoras: una coalición de pandillas armadas ha aprovechado para expandirse y hoy controla el 85% de la capital, Puerto Príncipe.
La magnitud de la tragedia humanitaria es abrumadora. Más de seis millones de haitianos, lo que representa a más de la mitad de la población, necesitan ayuda urgente para sobrevivir al hambre y la violencia. El sistema sanitario ha colapsado casi por completo.
Sin embargo, en medio de esta desolación, surge una luz de esperanza. Ariana Milagro Lafond, una influencer joven de 19 años, se coronó ganadora del concurso mundial juvenil House of Challenge en Togo. Su victoria se basó en una propuesta transformadora: un proyecto enfocado en erradicar la inseguridad alimentaria y combatir el desempleo juvenil en Haití.
En su emotivo video de celebración, el mensaje de Ariana se convierte en un clamor de conciencia cívica. Con profunda convicción, expresa su anhelo de que llegará «un día a la libertad» y «un día de paz en Haití», donde su pueblo pueda vivir tranquilo y las cosas cambien. Levantando la voz contra los estigmas, afirma que los haitianos son «ricos de corazón» y que ya han «demostrado todo» lo que son capaces de aportar al mundo. Su convicción:“cada niño tiene derecho a crecer sano” y “cada joven merece la oportunidad de construir un futuro”.
Este poderoso mensaje de Ariana Lafond podría resonar con fuerza para cambiar nuestra mirada hacia los migrantes haitianos en Chile. Haití es el vivo reflejo de un pueblo que huye de un territorio sin garantías, buscando precisamente esa oportunidad de construir un futuro en paz y con dignidad. Su aporte se refleja precisamente en la capacidad de los migrantes de integrarse al mercado laboral, formal e informalmente. Sin embargo, persisten las barreras de acceso a salud de las personas extranjeras, aunque son tan capaces de aportar con sus cotizaciones al Fondo Nacional de Salud como las personas chilenas.
Esto nos obliga a una profunda reflexión sobre la responsabilidad cívico-política de Chile frente a la migración con sustento técnico y al menos una década de evidencia producida en Chile. A contrapelo, las decisiones legislativas que buscan restringir el acceso a beneficios y atención a personas en situación irregular resultan alarmantes. Según Carreño y Ramaciotti (2026), restringir el acceso a los servicios de salud para grupos específicos de niños y adolescentes migrantes resulta una medida contraproducente. En lugar de aliviar la presión del sistema sanitario, estas restricciones fomentan una mayor demanda de atenciones de urgencia por causas prevenibles y deterioran el control de enfermedades transmisibles, afectando los costos globales del sistema de salud.
A esto debemos sumar que obstaculizar el acceso a la educación expone a los jóvenes migrantes a ser reclutados por el crimen organizado, expande el riesgo social, las redes de tráfico de personas y el empleo informal.El deber cívico de nuestro país es enfrentar este desafío mediante el diseño de políticas públicas sensatas basadas en evidencia científica y no en pura ideología.
Daniela Poblete Godoy, académica CEDER ULagos.
