- El académico del CEDER, en su calidad de miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, expuso en una ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.
Este 3 de septiembre, el académico del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los Lagos y miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Dr. Gonzalo Delamaza, fue uno de los principales expositores en la presentación del proyecto que modifica la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, cuyo objetivo es avanzar hacia una democracia más participativa, vinculante y territorialmente pertinente.
La ceremonia, realizada en el Palacio de La Moneda, fue encabezada por el Presidente de la República Gabriel Boric, quien estuvo acompañado por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el subsecretario Erwin Díaz.
La propuesta, que marca un hito en el compromiso programático del Ejecutivo, incorpora cambios sustantivos para dar mayor incidencia real a la ciudadanía en la toma de decisiones del Estado. Entre otras medidas, se reconoce legalmente a las y los dirigentes sociales, se fortalecen los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC) y se crean nuevos mecanismos deliberativos de participación.
“Nos llena de orgullo y satisfacción celebrar el ingreso de esta reforma. Cumplimos con la palabra, pero sabemos que aún queda mucho camino. La democracia no solo se ejerce desde las instituciones, sino también desde la acción colectiva que realizan las dirigencias sociales en todo el país”, señaló la ministra Camila Vallejo.
Por su parte, el subsecretario Díaz enfatizó que este proyecto responde directamente a las demandas recogidas desde la ciudadanía:
“Desde el Gobierno no concebimos reformas sin escuchar a las personas. Las dirigencias sociales son fundamentales: canalizan las demandas territoriales y las traen al corazón de la gestión pública”, puntualizó.
Dr. Gonzalo Delamaza: “La ley de 2011 fue un avance, pero Chile demanda más”
Cabe recordar que el Dr. Delamaza fue uno de los protagonistas del proceso participativo que dio origen a esta reforma. En ese marco, el académico valoró la presentación del proyecto y contextualizó su importancia:
“Era indispensable avanzar con esta reforma. No solo porque era un compromiso del programa de Gobierno, sino porque desde 2017 ya teníamos diagnósticos consensuados sobre las deficiencias de la Ley 20.500. Esta ley fue un avance en 2011, pero claramente quedó corta frente a las nuevas demandas sociales”, afirmó.
El Dr. Delamaza también destacó la experiencia acumulada en Chile en materia de participación desde las movilizaciones sociales y los procesos constitucionales de la última década:
“Después de 2011 vivimos un ciclo de movilizaciones que mostró que necesitábamos nuevos instrumentos. El país acumuló una experiencia inédita de participación ciudadana en los procesos constitucionales, desde el iniciado por la presidenta Bachelet hasta la reciente convención. Hoy sabemos cómo hacerlo, tenemos herramientas, y la ciudadanía lo exige”, subrayó.
Asimismo, el investigador fue enfático en señalar que Chile está listo para una nueva etapa en materia participativa:
“Estamos en una etapa donde, aunque no haya grandes movilizaciones, sí hay una fuerte exigencia de transparencia, de lucha contra la corrupción y de participación efectiva. La ciudadanía está cansada de no ser escuchada. Por eso es urgente pasar a una participación 2.0, con más incidencia y más control ciudadano”, remarcó.
Proceso participativo y cambios concretos
El proyecto de ley es gracias a un proceso consultivo amplio que reunió a más de 6.600 personas en diálogos ciudadanos, además de una mesa interinstitucional con actores del Estado, la academia y organizaciones sociales.
La reforma incluye medidas como:
- Reconocer legalmente a las y los dirigentes sociales.
- Fortalecer los COSOC con atribuciones incidentes y deliberativas.
- Crear nuevos mecanismos como los diálogos participativos con devolución pública.
- Promover la inclusión y capacitación de dirigentes, especialmente mujeres, jóvenes, pueblos originarios y personas con discapacidad.
- Establecer unidades de participación en todos los organismos del Estado, con funcionarios dedicados exclusivamente a este rol.
- Democratizar el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, con más representación y enfoque territorial.
“Sabemos que el camino legislativo recién comienza, pero es fundamental que tanto el Congreso como la sociedad civil empujen esta reforma. Porque no se trata solo de opinar: se trata de incidir. Y eso es lo que esta ley, por fin, busca garantizar”, cerró el Dr. Delamaza.
