La reforma al sistema electoral que implicó muy concretamente la implementación de la inscripción automática y el voto voluntario, se fundó en una premisa que, a la vez, se constituyó en la gran promesa de esta reforma: «este cambio garantizará un mejoramiento de la calidad de la democracia en Chile». Mejorará la democracia – se decía – puesto que se dispondrá de nuevos electores que plantearán nuevas exigencias al sistema de toma de decisiones, aumentando, de esta forma, la competencia de ideas y de propuestas
Por tal motivo – se seguía argumentando – el conjunto de los candidatos deberá extremar sus recursos de propuesta y convencimiento para cautivar una parte de este nuevo, complejo, exigente y aún indefinible «mercado de electores».
Ahora bien, más allá de la proximidad que cada uno tenga frente a la semántica de la libertad, concepto al cual más se recurrió durante la superficial discusión de la ley – esto puesto que se argumentó la existencia de un cierto «sentido común» de que en las sociedades libres las personas no pueden ser obligadas a tener comportamientos cívicos – , convengamos que la pertinencia de esta reforma debiese ser evaluada a la luz de lo que ella misma prometió: lo reitero, «mejorar la calidad de la democracia chilena».
Definitivamente, los últimos eventos electorales que hemos vividos – elecciones municipales y las últimas elecciones presidenciales en cada una de sus etapas – no han hecho sino demostrar que ésta ha sido una de las peores reformas implementadas en el Chile en los últimos años. Lo anterior puesto que lo que ella ha provocado desde el punto vista de la democracia – la misma que se proponía mejorar – es más bien una mayor precarización política; a saber, menos electores y más desigualdad.
Así también, sus previsibles efectos han iniciado otro problema; éste es, el nacimiento de un inusual debate sobre los eventuales «problemas de legitimidad» que tendrían las medidas del gobierno que se inicia en marzo del 2014. Imaginamos que este debate reaparecerá cada vez que se discuta un cambio que implique afectar las áreas que la candidata Bachelet propuso reformar.
Por lo tanto, nadie podría argumentar que se ha mejorado la calidad de la democracia si lo que tenemos es un padrón de electores efectivos que involuciona desde el punto de vista de su magnitud; un padrón de electores efectivos donde prima una fuerte diferencia entre los chilenos más ricos, que tienen un comportamiento ciudadano más vigilante, y los chilenos más pobres donde prima una actitud de mayor apatía; y, además, un padrón de electores efectivos que introduce nuevos factores de contrapoder como lo puede llegar a ser el recurso funcional a la idea de déficit de legitimidad.
La pregunta que con justicia nos tenemos que hacer es por qué haber impulsado una iniciativa legal sin tener en cuenta las características reales – no las teóricas – de nuestra democracia. En este marco sólo bastaba observar que nuestro sistema democrático desde hace un buen tiempo se funda en un tipo de acción colectiva donde los niveles de asociatividad son extremadamente bajos, donde los de niveles de confianza interpersonal son alarmantemente débiles y donde las desigualdades sociales ya no pueden ser más claras.
Toda la evidencia política había ya largamente demostrado que siempre la capacidad de influencia y representación política termina orientándose a favor de los ciudadanos más privilegiados (altos ingresos, mejor educación, mayor capital social, etc.) y que son particularmente ellos quienes se vinculan más activamente con el sistema democrático a través del voto; esto sobre todo en contextos de voto voluntario.
Sabíamos igualmente que el voto obligatorio tiene en los distintos sistemas electorales la capacidad de disminuir la brecha entre los votantes más ricos y los votantes más pobres. En aquellos países donde el voto es obligatorio, sabemos que mejoran los indicadores de igualdad y aumenta la inclusión de las preocupaciones electorales de los sectores más pobres.
Por lo tanto, si el objetivo es verdaderamente mejorar la calidad de la democracia, un paso importante debe ser reconocer los errores que el propio sistema institucional provocó. Por ello la idea de discutir e implementar la obligatoriedad del voto no sólo es oportuna, sino también urgente y necesaria.
La promesa de un voto obligatorio debe ser, en esta misma línea de argumentación, la búsqueda de una efectiva igualdad política: cada elector vale realmente lo mismo, cada elector puede influir ulteriormente en la estructuración de la agenda política, cada elector se hace responsable colectivamente del destino de su sociedad y cada elector contribuye a dar legitimidad a las decisiones que democráticamente se han adoptado.
MARCEL THEZA
Investigador
Centro de Investigación en Sociedad y Políticas Públicas (CISPO)
Universidad de los Lagos
