La relación ciencia, políticos y gobernantes enfrenta un gran desafío. Por un lado, se tiene que activar capital social para que, a través de la cooperación, la confianza y la reciprocidad, las universidades y centros de investigación se incorporen a los espacios donde se toman las decisiones. En segundo lugar, que los científicos aprendan a comunicar y articularse de una manera adecuada para influir en la política pública. Sin confianzas mutuas, el divorcio no tiene ninguna posibilidad de superarse.
El divorcio entre ciencia y política es un fenómeno que hoy más que nunca se visibiliza a la hora de enfrentar amenazas planetarias como el cambio climático, la pandemia, el deterioro de los ecosistemas naturales, crisis del sector alimentarios, entre otros. Claramente la conversación entre científicos, políticos y gobernantes, es débil y en constante conflicto, lo que genera un deterioro de la efectividad en la toma de decisiones que afecta directamente el bienestar de la población.
Impactan las declaraciones de la científica Maisa Rojas del pasado año, a propósito de esta separación en la temática del cambio climático: “Llevamos 30 años negociando y no hay grandes cambios; todas las COP han sido un fracaso” refiriéndose a que la COP25 organizada por Chile fue un fracaso para el mundo, porque las emisiones contaminantes siguen siendo crecientes.
O escuchar a la Presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, denunciando este fenómeno en la temática Covid 19: “Las únicas veces que me escuchan es cuando efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes” y que la mesa social Covid “no funciona, esa mesa social para llegar a acuerdos, no es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que voy pero me sirve como denuncia”.
La relación ciencia, políticos y gobernantes enfrenta un gran desafío. Por un lado, se tiene que activar capital social para que, a través de la cooperación, la confianza y la reciprocidad, las universidades y centros de investigación se incorporen a los espacios donde se toman las decisiones. En segundo lugar, que los científicos aprendan a comunicar y articularse de una manera adecuada para influir en la política pública. Sin confianzas mutuas, el divorcio no tiene ninguna posibilidad de superarse. La urgencia de fortalecer la relación y la comunicación continua entre ciencia, política y gobierno es una necesidad imperante.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos sobre el propósito de cada actor ¿Al servicio de quién están los políticos, gobernantes y científicos? El descontento social y las crecientes exigencias de participación ciudadana en el devenir de la sociedad, generan la urgencia de encontrar el eslabón perdido para trabajar de manera colectiva en la construcción del mundo que queremos, más justo socialmente, y más sustentable ambientalmente.
La ciencia no pretende ser la única participante en la toma de decisiones en el mundo político, sin embargo, si no se considera el conocimiento científico, se está desechando una herramienta poderosa para conocer la realidad y resolver los problemas. La Universidad de Los Lagos tiene el gran desafío de cambiar el modo en que se realiza ciencia en su entorno significante. Implementar un modelo de diálogo, donde a través de la comunicación y la coordinación, se puedan enfrentar la resolución de problemáticas de investigación en conjunto con los actores claves del territorio, es fundamental. Por esto es que el programa “Redes Territoriales de Investigación” busca desarrollar una sinergia a través de la generación de preguntas científicas pertinentes regionalmente, construidas con el mundo público, privado y la sociedad civil.
El camino está comenzando, pero ya existen evidencias concretas de que el capital social se está generando. La insostenibilidad del modo de funcionar actual ya está a la vista. ¿Qué esperamos entonces para actuar?
Por otro lado, las recientes reconfiguraciones políticas en Chile y la instalación de la Convención Constitucional, refuerzan la hipótesis del actual constituyente electo Jorge Baradit: estamos presenciando la desaparición de una clase política similar a la extinción de los dinosaurios. En medio de este caos los animales más pequeños, más ágiles, los que pueden generar calor interno, capaces de asociarse y cooperar, son los que sobrevivirán ante este colapso.
El reflejo paulatino del surgimiento de esta nueva forma de organización societal la hemos presenciado en movimientos emblemáticos como la Revolución Pingüina (2006), Marchas en contra de la instalación de mega hidroeléctricas en la Patagonia Chilena (2010), Estallido social en Freirina (2011), el Movimiento estudiantil (2011), Movimiento NoMás AFP (2016), el Movimiento Feminista (2018) y el surgimiento de la lista del pueblo (2021) que nace del estallido social de 2019.
En este nuevo escenario, el modo de hacer ciencia -especialmente en las regiones- estará sometido a una serie de cambios, donde la masa crítica de científicos deberá dar respuesta a una sociedad, que se organiza de manera distinta y que requiere cambios estructurales profundos.
Los nuevos gobernantes, a nivel regional y local, deberán enfrentar los desafíos de este cambio de paradigma. El nuevo Comité Regional de Ciencia y su modo de funcionar inclusivo y participativo deben dar las primeras señales de cambio. Los constituyentes actualmente en uso de sus funciones requieren articularse con las universidades que, sin duda, pondrán a disposición todas sus capacidades para abordar las demandas ya instaladas en el país, y sobretodo reconocer la diversidad de visiones del mundo.
Las condiciones para lograr un nuevo contrato social están sobre la mesa y la ciencia regional será una de las invitadas a contribuir. Sin embargo, las señales hasta ahora existentes son preocupantes con respecto a la descentralización. El pasado 10 de Julio se ha aprobado el Reglamento que establece normas relativas a la integración, modalidades de funcionamiento y otras materias de los comités regionales de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo que no consideró a las universidades regionales para su diseño. Por otro lado, la conformación de los comités regionales no asegura un espacio para los representantes de universidades regionales. Finalmente, es insuficiente considerar que este comité tenga sólo 4 sesiones al año considerando la compleja labor de sus funciones.
Al respecto es de suma urgencia revisar los contenidos de este reglamento para lograr su legitimación con el sector público, privado, universidades y sociedad civil en un diálogo directo con los nuevos gobernadores regionales. La oportunidad que tenemos de institucionalizar este espacio en pro de políticas públicas pertinentes para el desarrollo de la ciencia en cada territorio es única.
Dra. Sandra Ríos Núñez
Fuente: La voz de los que sobran
