Pensar sobre nuestro tiempo, significa entre otros, reflexionar sobre problemas locales en clave global. Según Naciones Unidas (2020), las cuatro mega tendencias que caracterizan a la población mundial hoy son el crecimiento demográfico, la urbanización, la migración internacional y el envejecimiento de la población. Para Cepal, el envejecimiento poblacional es uno de los principales fenómenos demográficos de la región y precisa que en el 2030 el 16,5% de la población tendrá más de 60 años. Los datos adquieren mayor connotación, si consideramos la profunda desigualdad económica e inequidad de género que existe en América Latina y Caribe.
En Chile, el INE (2022) señala que el aumento de los niveles de envejecimiento, implican también una significativa situación de dependencia económica, que impone una mayor presión sobre los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, mientras que aumenta la demanda de cuidados.
Por otro lado, las exigencias de la actual forma de vida, ha provocado importantes problemas de salud mental. El observatorio de salud mental de Chile, indica que las personas adultas y mayores presentan índices más altos de depresión, ansiedad, insomnio y estrés. El informe de seguridad y salud en el trabajo (2023) señala que el 67% de los diagnósticos de enfermedades profesionales en Chile corresponden a salud mental.
En este aspecto se observan algunos avances, como el proyecto de ley que busca promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Aunque es imperativo considerar que las condiciones socioeconómicas de las personas mayores no siempre son las óptimas, lo que dificulta el pleno ejercicio de sus derechos y una buena calidad de vida (INE, 2020). Pero también desde un enfoque interseccional, el envejecimiento de la población plantea un importante desafío en la gobernanza democrática local y global.
Entonces, ¿cómo gestionamos la vida cotidiana? ¿cómo organizamos el tiempo de la vida? Para ello es fundamental contar con una ciudadanía activa, comprometida con el cambio social, pero también con una política pública que recoja este tipo de demandas, cuya exigibilidad de derechos apuntan a la profundización de la democracia.
Por Romané Landaeta, investigadora del CEDER ULagos.
* Publicada el 4 de enero de 2024 en el Diario Austral de Osorno
